La campaña El precio de la abundancia, derechos humanos a oscuras nace del grupo de energía e industrias extractivas de ESF con un doble objetivo:
Algunos de los motivos que justifican las actividades y acciones de la campaña son:
El modelo de producción y consumo de las sociedades occidentales (y de las occidentalizadas) es insostenible en todas sus vertientes. Como tal, no tiene futuro, haciendo necesario dar a conocer esta realidad.
Los impactos asociados a las industrias extractivas son elevados y se encuentran invisibilizados, especialmente en el Sur. Las violaciones de derechos humanos sobre poblaciones autóctonas e indígenas, así como la inmunidad que gozan las corporaciones que eluden constantemente sus responsabilidades en materia de medio ambiente y derechos humanos son constantes.
Los estados y las organizaciones internacionales son cómplices de estas dinámicas al crear marcos normativos que permiten la extracción indiscriminada de minerales y de recursos energéticos solo en nombre del su progreso y no incorporan mecanismos efectivos para exigir a las empresas el cumplimiento de los derechos humanos. Hay que intervenir en estos espacios para revertir la situación.
La sociedad civil organizada, tanto en el Norte como en el Sur, puede y está dando respuestas a partir de la práctica y reflexión diarias de otras formas de desarrollo respetuosas con las personas y su entrono. Por tanto, resulta imperativo fomentar estos espacios de fortalecimiento social como respuesta positiva a la situación denunciada.
La campaña pretende, entre otros aspectos:
Promover la creación de un tribunal internacional que juzgue a las empresas transnacionales a partir de un nuevo ordenamiento jurídico donde la normativa considere los derechos humanos como punto de partida.
Exigir la coherencia de las políticas públicas, que actualmente promueven el respeto a los derechos humanos sin integrar-los en las políticas de internacionalización de las empresas.
Desincentivar el consumo de materiales y minerales con finalidades especulativas, como es el caso de la inversión financiera en oro.
Establecer normas internacionales de protección para evitar el dumping ecológico.
Exigir el cumplimiento del convenio vinculante 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas y tribales.
Contribuir en el desarrollo de un modelo social en el que el uso de los recursos se haga en beneficio de la población y bajo criterios sostenibilistas.
